La sociedad ha cambiado. Y no es una opinión, es un hecho. Sin lugar a dudas este 2020 será recordado como el año del coronavirus. Por primera vez en el siglo XXI, el mundo ha sido golpeado en casi su totalidad y al mismo tiempo por una grave crisis sanitaria. Las consecuencias son inciertas, pero con el convencimiento de que serán profundas.

Muchas de las certezas que teníamos antes de que esto sucediera se han evaporado y nos adentramos a un terreno desconocido. La economía ha sido golpeada y aún lo esta siendo con una fuerza que podría llegar a hacer colapsar el sistema. La sociedad ha sufrido un golpe brutal, muertes por millares, infectados por millones y la desesperación que esto tan solo acaba de empezar. El confinamiento total sufrido por billones de personas ha comportado un estrés difícil de asimilar y aún más con el temor que se pueda volver a producir a medida que se relajen las restricciones y puedan surgir nuevos brotes. Sin lugar a dudas, esta sociedad no estaba preparada para un golpe tan brutal, pero tampoco la mayoría de sus gobernantes. Solo tenemos que observar como la descordinación y improvisación son las sensaciones más comunes que tiene la gente en cuanto se les pregunta por su opinión en la gestión de su gobierno en esta pandemia. Pocos son los países dónde sus ciudadanos pueden decir que se sienten satisfechos por la gestión que esta llevando a cabo sus gobernantes. Países como Taiwan, Nueva Zelanda son los ejemplos más claros de esta tendencia, que sin lugar a dudas no solo se basa en sensaciones sino también en los hechos. En este caso la gestión llevada a cabo por las presidentas de estas dos naciones son un absoluto ejemplo y dignas de reconocimiento. No son pero, las únicas. Hay otras presidentas y presidentes, primeras o primeros ministros que también son reconocidos por su gestión. En este caso parece existir un patrón predominante en todos ellos, el liderazgo de una mujer. Las actuaciones de los países no se reducen simplemente a liderazgo de su máximo responsable, pero claramente esta muy influenciado.

En sociedades democráticas es un derecho y obligación el exigir al gobernante, una gestión adecuada y eficaz, aún estando en momentos difíciles. No podemos permitir que en nombre de una crisis, se actúe inadecuadamente y que las consecuencia de los actos irresponsables o inadecuados queden impunes. Aún menos cuando estos acaban significando la muerte de miles de personas. Es necesario para y pensar. No son solo cifras, cada uno de los muertos y afectados por el Covid-19 son personas que dejan un vacío y dolor imposible de aplacar. No podemos permitir que estas muertes se sigan sucediendo cuando, aunque la complejidad sanitaria para combatir el virus es alta, hay países que han gestionado correctamente la pandemia y han conseguido contener el avance y por consiguiente las muertes e infectados por el Covid-19. Simplemente no se puede permitir. Si es necesario cambiar los gestores se hace y punto, aún más cuando las cifras son tan escalofriantes como las actuales. Y no, no estamos hablando de suspender la democracia y los derechos como algunos plantean, al contrario, ahora más que nunca los derechos y la democracia deben ser aplicados con el máximo rigor. No es aceptable que para gestionar esta crisis, se suspendan derechos y libertades que no acontecen a la crisis. No debemos olvidar que la gestión eficaz no se basa en reprimir libertades sino en gestionar correctamente y salvar vidas. Porque cuando un gobernante esta haciendo una nefasta gestión de la crisis no puede huir de las críticas aludiendo el estado de alarma. Las personas que gestionan tienen responsabilidades y deben responder por ellas, siendo cuál sea el escenario. No es admisible por ejemplo que a más de 3 meses después del decreto del estado de alarma, los sanitarios sigan reclamando equipos de protección individual, no hayan tests o no exista un plan detallado claro sobre cuál es el paso a seguir. No pueden ir improvisando y declarando una cosa y al cabo de unas horas decir lo contrario. Los gobernantes deben transmitir seguridad y confianza en todo momento pero, aún más en tiempos de crisi como el actual, y precisamente todo lo contrario es lo que sucede en España. La gestión nefasta se junta con una comunicación negligente. Y la supresión de los derechos y libertades decretadas en el estado de alarma para ayudar en actuaciones contra el virus, se están utilizando en para dificultar o parar, el poder reclamar las responsabilidades a los que gobiernan. Excusarse detrás de un estado de alarma para no responder de la gestión es como mínimo inmoralsino ilegal.